La elección de Gina Hinojosa como gobernadora de Texas ha despertado entre familias inmigrantes y organizaciones civiles la expectativa de que el estado reduzca su participación en las detenciones y deportaciones impulsadas por el gobierno federal.

La demócrata, quien derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, asumirá el cargo en enero de 2027 y tendrá que respetar las leyes federales de inmigración, aunque podrá revisar la forma en que Texas utiliza a sus policías, soldados y recursos públicos.

Durante su campaña, Hinojosa cuestionó la participación de agentes estatales en la persecución de inmigrantes que llevan años viviendo y trabajando en Texas, y planteó revisar la eficacia de la Operación Lone Star, puesta en marcha por Abbott en marzo de 2021.

En una entrevista con KRGV, en octubre de 2026, la gobernadora electa sostuvo que se habían gastado miles de millones de dólares en detener y vigilar inmigrantes, por lo que consideró necesaria una revisión del programa, aunque no anunció que vaya a cancelarlo por completo.

Entre las medidas que podría adoptar se encuentra ordenar una evaluación de los resultados, costos y denuncias por abusos de ese operativo fronterizo, en el que participan policías estatales y elementos de la Guardia Nacional de Texas.

También podría revisar el despliegue de personal bajo control estatal y modificar sus prioridades, de acuerdo con las leyes, los contratos y los recursos disponibles.

Otra posibilidad sería dejar de renovar la declaratoria de desastre utilizada por Abbott para ampliar la respuesta estatal en la frontera, una opción que ha señalado Kristin Etter, directora de políticas y servicios legales del Texas Immigration Law Council.

La medida requeriría revisar sus efectos legales y las obligaciones existentes, pero permitiría reconsiderar el uso de poderes extraordinarios en las operaciones fronterizas.

Hinojosa también podría revisar las instrucciones y acuerdos que llevan a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, conocido como DPS, a colaborar con autoridades federales en la búsqueda y detención de inmigrantes.

Dentro de los límites de la ley, podría modificar las prioridades de los policías estatales para concentrarlos en la seguridad pública y la investigación de delitos.

En el caso de los sheriffs, la gobernadora electa podría pedir a la Legislatura que modifique la ley estatal que exige a los responsables de condados que operan cárceles, o que contratan su operación, solicitar acuerdos de cooperación migratoria con el gobierno federal.

Los convenios conocidos como 287(g) permiten que personal local autorizado participe en determinadas funciones de aplicación de la ley migratoria, pero la gobernadora no podría eliminar por sí sola una obligación establecida en una ley vigente.

La nueva administración también podría impulsar reformas para dar mayor margen de decisión a ciudades y condados sobre el uso de sus policías en asuntos migratorios, aunque necesitaría el respaldo de ambas cámaras de la Legislatura.

La Cámara de Representantes tendrá mayoría demócrata, mientras que los republicanos conservarán la mayoría en el Senado estatal, por lo que cualquier reforma de este tipo requeriría acuerdos políticos.

Entre las demandas de las organizaciones defensoras de los inmigrantes se encuentra la revisión de los casos de personas detenidas bajo programas estatales, así como el establecimiento de mecanismos para recibir denuncias y vigilar que las cárceles respeten las órdenes de liberación y los plazos legales.

Una demanda presentada el 21 de agosto de 2023 por la ACLU de Texas y el Texas Fair Defense Project expuso los casos de cuatro mexicanos de Coahuila detenidos bajo la Operación Lone Star en los condados de Kinney y Val Verde.

Según la demanda, Edgar Garces Robles fue arrestado el 30 de septiembre de 2021 y, aunque el cargo por entrada indebida a una propiedad fue retirado el 10 de enero de 2022, permaneció encerrado otros 19 días.

La misma demanda sostiene que Ramiro Soto Altamirano y Juan José Soto Hernández estuvieron detenidos 42 días después de que la fiscalía decidió no procesar sus casos, y que, tras salir de la custodia estatal, los cuatro hombres fueron entregados a autoridades migratorias federales.

La administración de Hinojosa podría buscar recursos para ampliar la asistencia legal y la información disponible para las personas detenidas y sus familias, especialmente en zonas fronterizas y cárceles alejadas de sus comunidades.

La medida no impediría por sí sola una deportación, pero ayudaría a que los afectados conozcan sus derechos, los plazos de sus procesos y las opciones legales que correspondan a cada caso.

Una de las peticiones que circulan entre la comunidad inmigrante es permitir que las personas sin residencia legal puedan obtener una licencia de conducir en Texas, una propuesta que requeriría cambios en la legislación estatal.

Actualmente, Texas exige que los solicitantes demuestren ciudadanía o presencia legal, por lo que una iniciativa tendría que definir los requisitos de identidad, residencia, conocimientos y manejo, además de su relación con las disposiciones federales aplicables.

La futura administración también podría pedir al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas que revise sus requisitos de identificación para registrar un vehículo o renovar sus placas, dentro de los límites legales y del procedimiento administrativo correspondiente.

La regla adoptada en febrero de 2026 acepta, entre otros documentos, un pasaporte vigente, por lo que no existe una prohibición absoluta para que una persona sin residencia legal registre un vehículo, aunque las restricciones de identificación pueden dificultar el trámite.

Registrar un automóvil no equivale a tener permiso para conducirlo, ya que la licencia es un requisito distinto.

Otra medida que podría revisar la gobernadora es la información personal que recopilan y comparten las agencias estatales, con el propósito de establecer salvaguardas donde la ley lo permita, sin impedir el cumplimiento de obligaciones legales o resoluciones judiciales.

También podría fortalecer los mecanismos para denunciar detenciones basadas en la apariencia, el origen o el idioma, una preocupación que la ACLU de Texas, el Texas Civil Rights Project y otras organizaciones plantearon en una queja presentada el 15 de diciembre de 2021 contra el programa de arrestos de la Operación Lone Star.

Estas medidas representan posibilidades de acción estatal y no un programa anunciado en su totalidad por Hinojosa, quien ha defendido la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, ha cuestionado la persecución de inmigrantes arraigados en las comunidades.

Las decisiones de la nueva gobernadora comenzarán a conocerse cuando asuma el cargo en enero de 2027 y presente sus prioridades ante la Legislatura.