El rechazo a un nuevo sistema de evaluación laboral llevó a trabajadores del Poder Judicial de la Federación a suspender actividades en distintas regiones del país este viernes 6 de noviembre de 2026. Los inconformes advierten que el esquema abre espacios a decisiones discrecionales y podría comprometer su permanencia en juzgados y tribunales.

En Monterrey, Nuevo León, integrantes del Sindicato de Renovación convocaron al cierre de juzgados federales y a una protesta en el cruce de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc. El bloqueo afectó la circulación y generó molestias entre automovilistas; también se reportaron discusiones con manifestantes, cuyas circunstancias y posibles consecuencias permanecían pendientes de corroboración.

La convocatoria contempló al menos 22 sedes en más de 16 estados, además de la Ciudad de México. Entre las entidades mencionadas están Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.

En Morelos, más de mil trabajadores de las sedes de Cuernavaca y Xochitepec suspendieron actividades desde el jueves 5 de noviembre de 2026. En la capital del país, las protestas en San Lázaro y Prisma comenzaron durante la madrugada del viernes.

La inconformidad surgió por un acuerdo publicado el 5 de noviembre de 2026 por el Órgano de Administración Judicial, que establece evaluaciones para el personal de carrera judicial. Los empleados exigen dejarlo sin efecto y abrir una mesa de diálogo para revisar sus criterios y alcances.

El esquema asigna 40 por ciento de la calificación al examen de conocimientos, 20 por ciento a capacitación y el 40 por ciento restante a factores de rendimiento, que incluyen valoraciones de superiores y compañeros. Este último componente concentra parte del rechazo, ante el temor de que las relaciones personales dentro de los órganos jurisdiccionales influyan en los resultados.

Los trabajadores plantean que las evaluaciones deben medir capacidades con criterios objetivos, identificar necesidades de formación y mejorar el servicio. Consideran que la experiencia y los conocimientos podrían quedar sujetos a apreciaciones de jueces y magistrados, convirtiendo el proceso en una herramienta de presión laboral.

Patricia Aguayo, vocera de trabajadores en la Ciudad de México, ha señalado que el movimiento busca una evaluación justa y medidas que fortalezcan la capacitación. Por su parte, Sergio Gustavo Infante López, presidente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, manifestó preocupación por la falta de claridad de los lineamientos y los márgenes de discrecionalidad que podrían afectar la estabilidad del personal.

En Nuevo León, Esther Alicia Nieto Luna ha sido identificada como delegada del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación y participante en protestas anteriores por condiciones laborales. Su intervención específica en la movilización de este viernes permanece pendiente de confirmación.

Ante los reclamos, el Órgano de Administración Judicial aseguró que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y sus resultados estarán libres de consecuencias como despidos o pérdida de plazas. También expresó disposición al diálogo con los trabajadores.

El calendario establece el examen de secretarios para el 4 de diciembre, el de actuarios para el 8 de diciembre y el de oficiales judiciales para los días 14 y 15 de diciembre de 2026. Las evaluaciones ordinarias posteriores sí contemplan efectos sobre la permanencia, sujetos a los resultados y a los procedimientos establecidos, uno de los puntos que mantiene la preocupación entre los empleados.

En el ámbito salarial, el organismo informó el 21 de octubre de 2026 un incremento de 4.5 por ciento para trabajadores de los niveles 12 al 34. Su aplicación comenzaría en la segunda quincena de noviembre, con retroactivo a enero y entrega del monto acumulado en diciembre.

La autoridad también afirmó que prestaciones como el aguinaldo y los apoyos al personal estaban garantizadas. Sin embargo, el reclamo central de esta movilización se concentra en las reglas de evaluación y sus consecuencias laborales, sin una cantidad económica establecida como demanda principal.