Desde las 09:00 horas de este 23 de septiembre 2026 comenzaron a llegar abogados al exterior del Registro Público de la Propiedad en Matamoros, entre ellos Samuel Salinas e Isis Nájera, quienes esperaron la llegada de más litigantes para exponer sus inconformidades por retrasos en trámites y cobros adicionales, en el marco de un mal trato que aseguran recibir dentro de la dependencia, dependiente del Gobierno de Tamaulipas.

A las 09:30 horas comenzó formalmente la manifestación frente a las instalaciones y ante medios de comunicación, donde los abogados señalaron que constancias informativas, certificados con reserva de prioridad, certificados de libertad de gravamen y escrituras pueden tardar más de lo previsto, además de acusar que algunos documentos llegan a permanecer detenidos entre 10 y 20 días hábiles, bajo distintos pretextos, a fin de que ellos accedan a pagar dinero extra para que se los entreguen.

Isis Nájera aseguró que personalmente ha enfrentado retrasos en certificados de libertad de gravamen y afirmó que cuando existe urgencia por recibir un documento aparece un supuesto pago adicional:

“Si quiero que salga rápido o que se me entregue, pues se me cobra un incentivo”, cantidad que, de acuerdo con su testimonio, puede rondar los mil pesos.

El reclamo tomó fuerza cuando los litigantes hablaron de “moches”, trato preferencial y pagos que carecen de comprobante, una situación que consideran abre espacio a los “coyotes”, intermediarios que ofrecen agilizar por dinero aquello que mediante el procedimiento ordinario permanece detenido.

El abogado José Manuel Estrada aseguró que maneja entre cuatro y cinco asuntos mensuales ante el Registro Público y afirmó haber realizado pagos adicionales para conseguir avances en algunos procedimientos:

“Aquí la cuestión son los retrasos indebidos y que derivan en que tengamos que pagar una aportación adicional para que ese retraso termine”, indicó.

Durante la protesta también exigieron la destitución del director del Registro Público de la Propiedad en Matamoros, Rogelio Alberto Aguirre Duarte; además, solicitaron la intervención de autoridades estatales para revisar expedientes, turnos, tiempos de entrega y los cobros denunciados por los litigantes.

Los inconformes aseguraron que alrededor de 25 a 30 abogados respaldan este reclamo y señalaron que las molestias alcanzan también a usuarios particulares y notarías:

“Es una cuestión general, no es nada más de nosotros como grupo, es una cuestión de todo Matamoros”, expresaron.

Una vez concluidas las declaraciones de los manifestantes, alrededor de las 10:15 horas, los medios de comunicación ingresaron a las instalaciones para buscar la respuesta de Aguirre Duarte, quien de momento puso cara de inocente y rechazó que dentro de la dependencia se realicen cobros irregulares para acelerar documentos, actos de corrupción de los cuales toda persona que hace trámites allí está enterada, pero, curiosamente, él no, a pesar de ser el jefe de esa unidad registral.

El funcionario explicó que existen pagos oficiales para determinados trámites urgentes y aseguró que cada cantidad cubierta debe generar un comprobante:

“Todo pago urgente trae un ticket”; además, señaló que certificados y escrituras pueden tener un derecho urgente cercano a los mil 673 pesos.

Aguirre Duarte reconoció demoras relacionadas con la carga de trabajo y señaló que algunos documentos pueden tardar aproximadamente un mes:

“Los documentos no tardan más de un mes en emitirse”, mientras alrededor de 17 trabajadores atienden actualmente los procedimientos de la oficina.

Durante la entrevista manifestó disposición para recibir a los inconformes y revisar los casos que consideraran detenidos:

“Quiero hablar con las personas manifestantes para ver qué es lo que requieren en sí ellos”, mientras que, ante la exigencia de su salida, respondió: “Ellos están en su derecho”.

Sin embargo, al concluir la entrevista y salir nuevamente de las instalaciones, los abogados que desde las 09:30 horas habían exigido respuestas ya se habían retirado del lugar, por lo que el encuentro quedó pendiente y la jornada terminó con dos versiones enfrentadas sobre los retrasos y los supuestos “moches” denunciados en el Registro Público de la Propiedad de Matamoros.