Durante veinte años, 2.3 hectáreas a la orilla de la Laguna del Carpintero quedarían en manos de inversionistas privados a cambio del siete por ciento de sus ganancias, según ha dicho la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, sin que hasta hoy se conozca un solo acuerdo de Cabildo ni decreto del Congreso que lo autorice.

En el sitio donde los días de feria se estacionan cientos de automóviles, entre la Expo Tampico, el recinto ferial y el Espacio Cultural Metropolitano, se proyecta un Fiesta Americana de 143 habitaciones, cuatro niveles, albercas, salones, tres restaurantes, spa y una iglesia pensada para el turismo de bodas. Sería, de construirse, el primer hotel de cinco estrellas en la historia de Tamaulipas.

Desde su anuncio, el 26 de mayo de 2025, el proyecto ha cambiado de ubicación, de superficie y hasta de dueño del suelo, según quién lo explique y en qué fecha, lo único que no ha cambiado es la ausencia de documentos públicos: ni acta, ni contrato, ni título, ni el estudio ambiental que lo ampare han sido mostrados a los tampiqueños.

Aquella presentación ocurrió en una reunión sobre proyectos estratégicos del sur del estado encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, hermano de la alcaldesa, frente a él, el arquitecto José Serur Cababie, director de la firma mexicana Ideurban, expuso el plan que desarrollará junto con Grupo Posadas, la cadena hotelera también mexicana propietaria de la marca.

Ideurban tiene en su historial la Torre Libertad del hotel St. Regis y el complejo Reforma 222, en la Ciudad de México.

Serur se dijo entonces plenamente convencido de que la ciudad está lista para un hotel de esa categoría.

Ese mismo día se informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya había otorgado los permisos.

Dos semanas después, el colectivo Restauremos la Laguna del Carpintero revisó la Gaceta Ecológica, donde por ley se publica toda Manifestación de Impacto Ambiental, y no encontró ninguna.

Una solicitud de transparencia lo confirmó más tarde: ante la Semarnat no existía trámite alguno.

“Nos han mentido a toda la ciudadanía”, dijo el 9 de junio de 2025 Miriam Huberman, investigadora y vocera del colectivo, ante medio centenar de personas que cruzaron el Puente de las Artes al grito de que el humedal no se toca.

Ese día comenzó una colecta de firmas dirigida a la alcaldesa morenista Mónica Villarreal, al gobernador y a la empresa, con una frase que resume la inconformidad:

“Es inconcebible que se regalen 2.6 hectáreas de terrenos municipales”.

A su lado, el activista Gamaliel Saldívar Olivares sostuvo que el predio conserva su vocación natural de humedal y forma parte del sistema lagunario ligado al río Pánuco, refugio de aves y especies nativas, aunque el mangle de esa margen haya sido talado desde los años ochenta y noventa.

Frente a la protesta, la respuesta de la presidenta municipal fue breve:

“Hay que informarse”, pidió a los críticos a finales de mayo.

Días después agregó:
“No hay mangle en donde está el proyecto establecido”.

Y en julio de 2025, cuando trascendió que la Semarnat había pedido mover el hotel de su emplazamiento original hacia el área de estacionamiento, insistió:

“Verdaderamente no hay ningún daño ecológico”.

Por esas fechas aseguró además que agrupaciones como el Club de Orquídeas, académicos y especialistas le habían expresado su respaldo, pero no mencionó quiénes ni bajo que condiciones.

Sin embargo, la pregunta de fondo no es de quién es el terreno y con qué facultades se entrega.

El 13 de agosto de 2025, en Ciudad Victoria, Mónica Villarreal Anaya lo describió como un predio municipal, cedido por la federación para proyectos turísticos, recreativos y ecológicos:

“El terreno no se va a vender, es una concesión”, precisó, y habló de un plazo de veinte años y de una especie de sociedad en la que el municipio recibiría siete por ciento de las ganancias.

Once meses más tarde, el 28 de julio de 2026, la versión fue otra.

Ese día afirmó que el predio está concesionado y no pertenece al Ayuntamiento, y que la concesión data de la administración de Pepe Rábago, cuando se levantaron la Expo y el Teatro Metropolitano:

“Sólo 2.3 hectáreas se ocuparían con este proyecto”, dijo, de las 154 que atribuye al parque, y la mitad quedaría como jardines.

Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, y cualquiera de las dos presenta un problema, pues si el suelo es municipal, comprometerlo por veinte años rebasa con mucho el trienio de la actual administración y si es federal y el municipio sólo lo tiene concesionado, queda por saber con qué autorización podría cederlo a un tercero.

Para el primer supuesto la ley es explícita:

El artículo 115 de la Constitución ordena que las resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, o que obliguen al municipio más allá del periodo del Ayuntamiento, se tomen por dos terceras partes de sus integrantes.

En Tamaulipas, el artículo 51 del Código Municipal exige esa misma mayoría para donaciones, comodatos y todo contrato que exceda el trienio, y obliga a remitir el acuerdo al Congreso del Estado para su autorización. Además, la Ley de Bienes del Estado y Municipios prevé que lo entregado regrese al erario si el beneficiario no cumple el fin pactado.

Hasta ahora no se conoce votación alguna, el único antecedente que la propia alcaldesa ha citado es un cambio de uso de suelo a comercial, aprobado con 21 votos en el Cabildo que presidía el panista Jesús Nader.

En junio de 2025, el regidor Alejandro Sauli Martínez Cruz reconoció que el cuerpo edilicio no había recibido el proyecto ejecutivo y que ignoraba si las tierras se venderían o se concesionarían; adelantó que no avalarían una obra con impacto ambiental negativo.

Por su parte, el regidor petista Martín Castellanos pidió transparentar el Plan de Desarrollo Urbano, que la administración comenzó a actualizar para ajustarlo a los megaproyectos anunciados, pero desde entonces, las voces del Cabildo se apagaron.

En marzo de 2026, en su quincuagésima sexta sesión ordinaria, síndicos y regidores aprobaron asuntos patrimoniales por unanimidad, sin un voto en contra ni una abstención.

Pero la historia de la laguna no empezó con este gobierno en 2006 un intento de centro comercial destruyó manglar.

En 2013, el parque temático del Centenario taló y rellenó 16 hectáreas sin autorización ambiental, lo que costó al municipio una multa de 1.6 millones de pesos.

En 2018 la Suprema Corte ordenó restaurar esa superficie, siete hectáreas de mangle incluidas, por violaciones al artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, al 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la norma oficial 022.

Ocho años después, la sentencia sigue sin cumplirse a cabalidad.

Tampoco la entrega de espacios a particulares es invento de Morena, el 28 de septiembre de 2021, a tres días de concluir su periodo, el Cabildo de Nader autorizó un modelo de administración privada hasta por treinta años para cinco áreas del parque.

El regidor Rodrigo Azcárraga Salazar lo defendió así: la laguna “está y estará en manos de los tampiqueños”.

En el Congreso, la entonces diputada morenista Úrsula Salazar Mojica logró un exhorto unánime para que se hiciera pública esa concesión, al sospechar que se buscaba “beneficiar a particulares con un negocio a modo”.

En 2023 hubo un tercer intento, con hotel, acuario y parque, a cargo de otro grupo empresarial.

Así, quien entonces denunciaba opacidad hoy gobierna con ella. En febrero de 2026, Huberman volvió a la carga y calificó el expediente ambiental como “una flagrante violación de todas las leyes ambientales de México”.

En junio, la alcaldesa Mónica Villarreal informó que representantes de Grupo Posadas aseguran contar ya con la Manifestación de Impacto Ambiental, tras una reunión en Ciudad Victoria encabezada por el gobernador.

El 10 de septiembre, Jorge Marón Ceja, presidente de la asociación de hoteleros del sur, admitió que no hay calendario de obra, que la ubicación original se modificó por restricciones ambientales y que se trabaja sobre un nuevo terreno en espera de permisos.

Un año antes, él mismo daba el hotel por hecho, mientras tanto, en Tampico circulan cifras que ningún papel oficial respalda: que el predio es de 7.7 hectáreas, que la inversión será de 795 millones de pesos, que la compensación ambiental no llegará a dos millones.

También circulan sospechas más graves sobre pagos ilegales y se habla de sobornos, y de entregarse el predio sin aprobación de Cabildo ni del Congreso del Estado, sería un ejercicio abusivo de funciones y en tiempos electorales podría ser el último clavo al ataúd de Monica Villarreal Anaya.