Richard Damián Pimentel tenía 28 años cuando su familia decidió buscar ayuda para sacarlo del alcoholismo. La noche del 18 de agosto ingresó a la Clínica de Rehabilitación Jireh, en Tijuana, esperando comenzar una nueva etapa. Tres días después, el 21 de agosto, su madre recibió una llamada: su hijo ya no respiraba.

La muerte de Richard terminó colocando bajo la lupa a la llamada “Patrulla Espiritual”, conocida en redes sociales por recorrer las calles de Tijuana y trasladar a personas con problemas de adicciones, a quienes denomina “Tazos Dorados”.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la familia pagó alrededor de mil 200 dólares por el ingreso y contemplaba cubrir una mensualidad de 840 dólares. Richard solamente permaneció tres días dentro del establecimiento.

La necropsia reveló que murió por asfixia mecánica por sofocación. El médico legista documentó 38 moretones en su cuerpo, mientras otros reportes oficiales señalaron más de 40 lesiones recientes.

La Fiscalía reconstruyó sus últimas horas con testimonios de otros internos. Richard atravesaba un proceso de abstinencia cuando varios colaboradores intentaron someterlo.

“Auxilio, me quieren matar”, habría gritado antes de ser llevado hacia uno de los dormitorios.

Después, los gritos dejaron de escucharse.

Durante la audiencia se expuso que Richard habría sido amarrado y golpeado y que su cabeza fue presionada contra un colchón durante el sometimiento hasta que perdió el conocimiento.

Por estos hechos fueron detenidos Mario Antonio “N” y Anthony “N”, quienes originalmente habían sido internos de la clínica y posteriormente comenzaron a colaborar dentro del establecimiento. Ambos quedaron vinculados a proceso el 3 de septiembre.

La investigación también señaló a Pedro Luis López, conocido como “El Cosalá”, identificado como uno de los encargados y quien habría abandonado la clínica después de los hechos.

Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, principal figura de la Patrulla Espiritual, reconoció posteriormente su salida.

“Yo, como Chiquilín, dije ‘algo no está bien’… ¿por qué se fugó?”, expresó durante una transmisión.

Mientras la investigación avanzaba, Maru Zárate, madre de Richard, comenzó a exigir justicia.

“Él necesitaba ser ayudado, no asesinado”, declaró.

“No descansaré hasta que se haga justicia”, agregó.

La mujer relató que alrededor de las 4:22 de la tarde del 21 de agosto recibió una llamada desde Jireh para informarle que Richard no respiraba. Minutos después volvieron a comunicarse para preguntarle si solicitaban una ambulancia y posteriormente le notificaron que había muerto.

“El Chiquilín” ofreció condolencias a la familia y aseguró que no pretendía justificar la muerte. Sostuvo que quienes participaron en los hechos intentaban controlar a Richard porque se encontraba alterado, versión que quedó confrontada con los testimonios presentados por la Fiscalía sobre los golpes y el sometimiento.

El caso llevó finalmente a las autoridades hasta las instalaciones de Jireh.

El 4 de septiembre, elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Estatal, Fiscalía, autoridades de Salud, Instituto de Psiquiatría y COEPRIS desplegaron un amplio operativo en el establecimiento ubicado en Ejido Matamoros.

Mientras las autoridades revisaban las instalaciones, “El Chiquilín” dirigió un mensaje a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Con el corazón en la mano, señora gobernadora, no me saque a los Tazos Dorados”, pidió.

Aseguró que dentro del establecimiento había personas que realmente querían cambiar y pidió que se permitiera regularizar cualquier irregularidad detectada.

La inspección terminó con la suspensión temporal de actividades de la Clínica Jireh.

COEPRIS detectó deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas que permanecían internadas.

Este último punto cobró especial relevancia por la manera en que la Patrulla Espiritual realiza algunos de sus traslados.

Un día antes del operativo, el secretario de Seguridad de Tijuana, Juan Manuel Sánchez, había advertido:

“Si no hay un familiar que acredite que hizo la solicitud, y la patrulla lo lleva contra su voluntad, es privación ilegal de la libertad”.

Pese a versiones difundidas en redes sobre una supuesta liberación masiva de los “Tazos Dorados”, oficialmente no ocurrió un desalojo.

El Instituto de Psiquiatría ofreció a quienes permanecían internados la posibilidad de trasladarse voluntariamente hacia otros centros, pero ninguna persona fue desalojada durante el operativo.

Durante la intervención también fue detenido un hombre que trabajaba como escolta del establecimiento, luego de que fuera localizado con un arma de fuego y no pudiera acreditar el permiso correspondiente. Este procedimiento fue independiente de la investigación por la muerte de Richard.

La suspensión de Jireh es de carácter administrativo y sanitario y no significa que toda la Patrulla Espiritual haya sido clausurada.