Casi 20 millones de pesos habrían costado los traslados aéreos de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien acumuló al menos 97 vuelos en aeronaves privadas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, varios de ellos al extranjero y en compañía de su círculo familiar, según una investigación periodística sustentada en registros migratorios y aeroportuarios.

De ese total, al menos 43 viajes internacionales de la mandataria morenista y sus familiares se realizaron en dos jets Gulfstream administrados por la empresa PABE-TAX, ligada corporativamente a Grupo Seguritech, proveedor que presta servicios de sistemas de seguridad al gobierno del estado, coincidencia empresarial que abrió interrogantes sobre las condiciones en que se contrataron los traslados.

Entre las aeronaves utilizadas figuran un Learjet 31A, un Gulfstream Aerospace G200 y un Hawker 750, cuya hora de vuelo se cotiza en promedio en seis mil dólares, lo que disparó los señalamientos de derroche en una entidad donde, de acuerdo con la propia Secretaría del Bienestar estatal, la pobreza creció 7.6 por ciento en un año, con más de 52 mil personas sumadas a esa condición.

Ante el escándalo, la gobernadora salió a rechazar categóricamente que los viajes se hubieran financiado con recursos públicos y desestimó la cifra difundida:

“El número de viajes que se manejan no es real”, afirmó Mara Lezama, al sostener que esa cantidad significaría haber estado de vacaciones un año completo, algo que calificó de imposible.

Asimismo, la mandataria aseguró que los traslados respondieron a su carácter familiar o a sus funciones como servidora pública, y que su actuación se ajustó en todo momento a los principios y normas de gobierno, además de presumir un compromiso de trabajo permanente, sin descanso y sin descuidar sus responsabilidades.

En ese mismo mensaje, Lezama desmintió las versiones que la vinculan viajando junto al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura, información que tachó de totalmente falsa, aunque hasta el momento no se ha acreditado públicamente quién pagó cada uno de los traslados documentados.

Sin embargo, las explicaciones no frenaron la presión política, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la gobernadora aclarar las circunstancias de los viajes señalados, mientras que legisladores del PAN exigieron abrir una investigación formal sobre el caso.

De esta manera, el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez y la senadora Mayilu Martínez solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación indagar los servicios relacionados con los vuelos y revisar la cuenta pública de la actual administración quintanarroense para determinar si existieron irregularidades.

Los panistas fueron más allá al comparar el costo de cada travesía aérea con la entrega de 400 becas para estudiantes de la zona, y reclamaron que los recursos públicos se destinen a seguridad, combate a la pobreza y atención del sargazo, al tiempo que plantearon que Lezama debe transparentar sus viajes desde que despachaba como alcaldesa de Cancún.

Así, el expediente de los vuelos privados queda ahora en manos de los órganos fiscalizadores, que deberán determinar si detrás de los lujosos traslados de la gobernadora hubo dinero del erario o, como ella insiste, únicamente recursos propios.