El llamado “operativo grúa”, instrumentado durante la administración del alcalde morenista Erasmo González Robledo, se ha convertido en motivo de inconformidad entre automovilistas, comerciantes y personas que acuden al Hospital Regional y a otras instituciones médicas de Ciudad Madero.

Las unidades utilizadas no pertenecen al Ayuntamiento. Son grúas de una empresa privada identificada comercialmente como Grúas Martínez y constituida legalmente como Grúas Marvill, S.A. de C.V., cuya matriz y mesón principal se encuentran en Altamira, aunque también registra presencia operativa en Ciudad Madero.

La empresa participa en el retiro de automóviles bajo instrucciones de la Dirección de Tránsito, pero el gobierno municipal no ha transparentado el contrato, convenio o concesión que ampara el servicio, ni las tarifas autorizadas, el procedimiento mediante el cual fue seleccionada o el destino del dinero cobrado a los propietarios.

“Hay que revisar qué calles se pueden liberar o incluso modificar el Reglamento de Vialidad. El problema es que no hay suficientes cajones y los estacionamientos privados son muy caros”, advirtió, desde julio de 2025, el regidor Ramón Gómez Narváez.

El edil reconoció entonces que el operativo estaba ahuyentando a los clientes y afectando económicamente a los comerciantes. Señaló que Tránsito y la Dirección de Ingresos debían revisar las zonas donde realmente podía permitirse el estacionamiento.

“El operativo grúa está espantando a los clientes del centro de Madero”, alertó Gómez Narváez, quien también señaló que muchas calles se encuentran ocupadas por vendedores ambulantes, lo que reduce todavía más los espacios disponibles.

El operativo comenzó, presuntamente, para liberar rampas, banquetas, accesos y lugares reservados para personas con discapacidad. Sin embargo, posteriormente se extendió al primer cuadro de la ciudad, sectores comerciales y la calle 10 de la colonia 20 de Noviembre.

Esta última es una de las áreas más afectadas. En sus alrededores se encuentran el Hospital Regional, instalaciones médicas, farmacias, laboratorios, restaurantes y numerosos comercios. Pacientes y familiares llegan diariamente buscando atención médica, pero prácticamente no encuentran dónde dejar sus vehículos.

“Son espacios para los derechohabientes del hospital, eso no se vale; igual en la calle 10, donde hay negocios, deben permitir estacionarse”, reclamó una ciudadana en una publicación relacionada con el operativo.

Otros ciudadanos han advertido sobre la frecuencia con la que circulan las unidades en esa zona: “En calle 10 con bulevar, en menos de 30 minutos pasaron cinco grúas”.

Las expresiones reflejan la percepción de que las grúas no solamente buscan despejar vialidades, sino detectar vehículos para generar arrastres y cobros. En redes sociales, ciudadanos han resumido la inconformidad con una frase: “Ya basta de los operativos grúa en Ciudad Madero”.

Una automovilista, identificada como Maribel Sánchez, denunció que su vehículo fue retirado cuando acudió al Instituto de la Mujer. Afirmó que el señalamiento de “no estacionarse” estaba cubierto por ramas y que no podía observarse claramente.

“Al regresar, mi carro ya no estaba”, relató la afectada, quien enfrentó una multa municipal cercana a los 800 pesos y un cobro de mil 200 pesos en efectivo por el arrastre. Su inconformidad fue presentada ante el delegado de Tránsito y posteriormente canalizada al tesorero municipal.

La denuncia plantea un punto que el Ayuntamiento debe aclarar: por qué el servicio de una compañía privada presuntamente se cobra en efectivo, quién expide el recibo correspondiente y cuánto dinero recibe la empresa por cada automóvil retirado.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, admitió que las empresas concesionarias trabajan bajo instrucciones de Tránsito y que deberían ajustarse a la reforma aprobada por el Congreso de Tamaulipas.

“Tenemos que adaptarnos a las leyes estatales. Estamos en una etapa de capacitación para que los agentes de Tránsito apliquen correctamente esta nueva normatividad”, declaró el funcionario.

La legislación establece que una grúa no debe llevarse un vehículo cuando el propietario se encuentre presente y pueda moverlo por sus propios medios. La reforma surgió precisamente ante las denuncias por arrastres innecesarios y cobros excesivos.

La regidora Mayra Ojeda Chávez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también respaldó públicamente la reforma contra los abusos y puso su oficina a disposición de quienes deseen presentar quejas o reportes.

No obstante, no se encontró evidencia pública de que el Cabildo maderense haya discutido a fondo, mediante un punto formal del orden del día, el contrato específico de Grúas Marvill, sus tarifas, el mecanismo de cobro o la identidad de sus propietarios.

El tema ha sido mencionado y cuestionado por regidores, pero no existe constancia pública de una investigación integral, una comparecencia de los responsables de Tránsito e Ingresos o una revisión formal del convenio con la empresa.

Esa falta de debate ocurre mientras integrantes del propio Cabildo han denunciado que las sesiones mantienen agendas cerradas y sin un apartado permanente de asuntos generales. Mayra Ojeda calificó esa situación como un intento de “ley mordaza” que impide discutir libremente los problemas ciudadanos.

“Restringir la deliberación a una agenda cerrada no es solamente un error administrativo; es una violación al espíritu de representación que la ley nos encomienda”, expresó la regidora.

Ante la opacidad existente, entre los ciudadanos surge la sospecha de que el operativo impulsado durante el gobierno de Erasmo González Robledo responde más a un propósito recaudatorio que a una verdadera estrategia de ordenamiento vial.

No existe, hasta ahora, documentación pública suficiente para afirmar que el alcalde haya entregado el servicio para beneficiar a sus amigos. Sin embargo, la ausencia del contrato, del título de concesión, de las tarifas oficiales y de la identidad de los accionistas alimenta legítimamente esa duda.

El gobierno de Erasmo González debe revelar quién recomendó o seleccionó a Grúas Marvill, qué relación existe entre sus propietarios y funcionarios municipales, cuánto cobra por cada arrastre, cuántos vehículos ha retirado durante 2025 y 2026 y cuál ha sido el monto total recaudado.

Los regidores no pueden permanecer como simples espectadores. Deben solicitar la comparecencia de los titulares de Tránsito, Ingresos, Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento; exigir el contrato completo y ordenar una revisión de las zonas donde se aplica el operativo.

También deben intervenir para liberar o crear espacios de estacionamiento alrededor del Hospital Regional y de la calle 10. No es aceptable que pacientes, familiares, clientes y trabajadores sean obligados a elegir entre perder una consulta, abandonar una compra o exponerse a que una grúa privada se lleve su automóvil.

La movilidad no puede convertirse en un negocio construido sobre la falta de estacionamientos. Mucho menos cuando el gobierno municipal mantiene en la oscuridad la relación jurídica y económica con la empresa beneficiada por cada vehículo retirado.