Millones de usuarios de telefonía móvil en el país comenzaron a quedarse sin servicio a partir del 16 de agosto, al arrancar las suspensiones de los números terminados en cero que no fueron vinculados con la CURP, mientras especialistas advierten que los titulares podrían enfrentar investigaciones penales por delitos cometidos con sus líneas sin su consentimiento.

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los números con terminación en uno tienen hasta este 31 de agosto para completar el trámite, y el resto de las terminaciones vencerá por quincenas hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de la prórroga que se concedió tras el rezago registrado al cierre del primer plazo, el 30 de junio.

Así, las compañías telefónicas deben enviar un mensaje de texto de última advertencia y, vencido el plazo de cada usuario, cuentan con un máximo de 72 horas para deshabilitar la línea, que queda limitada a llamadas de emergencia hasta que se complete la vinculación, trámite gratuito que se realiza directamente ante cada operador y que permite reactivar el servicio.

A la fecha, las autoridades reportan alrededor de 68 millones de líneas vinculadas de un total superior a 144 millones activas en el país, es decir, menos de la mitad del padrón, lo que explica que el regulador haya trasladado a Telcel, AT&T y Movistar la obligación de aplicar los cortes de manera gradual.

En medio de ese proceso, la vinculación obligatoria podría dejar a los usuarios en riesgo de enfrentar procesos penales por delitos cometidos con sus números sin su autorización, ante la falta de reglas claras sobre la responsabilidad jurídica de los titulares, advirtió Etzel Salinas, asociado senior del área de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de la firma legal Hogan Lovells Cadwalader.

“De acuerdo con la normativa vigente, las fiscalías estatales y federales, así como los jueces, pueden requerir a los operadores telefónicos la identidad del titular registrado cuando una línea se encuentra involucrada en una investigación criminal”, explicó el especialista.

Sin embargo, alertó que la ley no contempla salvaguardas claras para los usuarios en casos de despojo o uso no autorizado de su dispositivo, por lo que las consecuencias más delicadas del padrón no se verán durante el proceso de registro, sino con el paso del tiempo.

“El verdadero problema vendrá en uno, dos o tres años, con la interpretación que hagan los jueces y las fiscalías acerca de un acto cometido con un número celular”, sentenció.

Ante ese panorama, desde febrero pasado los operadores habilitaron portales de consulta para que cualquier persona verifique cuántos números están registrados con su CURP y solicite la desvinculación de líneas que no reconozca, mientras los lineamientos vigentes desde el 9 de enero fijan un tope de diez líneas por persona física, sin importar la compañía, y las personas morales se registran con RFC sin ese límite.

Por otra parte, la resistencia legal contra la medida sigue creciendo, pues abogados y legisladores han promovido amparos individuales y colectivos contra el registro y la entrega de datos, e incluso un tribunal colegiado otorgó una suspensión provisional dentro de un juicio que continúa activo, mientras el Gobierno federal defiende el padrón como herramienta para combatir la extorsión y el fraude telefónico y rechaza que busque controlar a la población.