En distintos estados del país funcionan planteles que ofrecen formación con disciplina militarizada tanto en el sistema público como en el privado, donde los estudiantes participan en actividades de orden cerrado, instrucción física y prácticas cívicas, un modelo que ha generado debate por su aplicación fuera de las instituciones de las Fuerzas Armadas y por la falta de una regulación específica para este tipo de enseñanza.

Este esquema ha permanecido durante varios años en algunas entidades, aunque la Secretaría de Educación Pública ha señalado que la Constitución y la Ley General de Educación no contemplan la educación militarizada para la enseñanza básica, además de precisar que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones castrenses.

El tema cobró mayor relevancia tras los hechos registrados en una academia de Tamaulipas, situación que motivó una revisión sobre la operación de estos planteles en el país, mientras autoridades federales y estatales analizan si cumplen con la normatividad vigente y con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y los derechos del alumnado.