Con dos carpetas de investigación abiertas, la 00385/2025 y la 00367/2025, el exsecretario de Desarrollo Económico del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Carlos Alberto García González Chito, enfrenta proceso penal por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas, tras la resolución que dictó un Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado.

Fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas la instancia que llevó al matamorense ante el juzgador, dentro del paquete de audiencias celebradas los días 15 y 20 de octubre de 2025 en el Centro de Justicia Penal con sede en Ciudad Victoria, donde también se resolvió la situación jurídica de otros exfuncionarios de primer nivel de la pasada administración estatal panista.

En la sesión del lunes 20 de octubre de 2025 el juzgador determinó vincular a proceso a García González, quien compareció a la audiencia inicial, y en la misma jornada corrieron igual suerte Rómulo “N”, exsecretario de Bienestar Social, y Enrique “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, todos señalados por su probable responsabilidad en el manejo indebido del servicio público.

Tras la vinculación, el juez fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria con vencimiento al 20 de enero de 2026, término en el que la Fiscalía Anticorrupción debía reunir los elementos de prueba para sostener la acusación formal contra el también exdiputado federal y exlíder de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco.

El fiscal anticorrupción Jesús Eduardo Govea dimensionó el alcance de las investigaciones contra el gabinete cabecista al señalar que “estos mandamientos judiciales implican a exfuncionarios públicos de primer nivel”, precisando que suman alrededor de 15 exservidores de primer rango vinculados a proceso y 458 señalados en carpetas de investigación entre titulares, mandos superiores y mandos medios.

A diferencia de otros exintegrantes del gabinete, como el exsecretario de Bienestar Rómulo “N”, quien permanece en prisión preventiva justificada, o el exsecretario de Administración Jesús Alberto “S”, considerado prófugo de la justicia, García González enfrenta el procedimiento en libertad y no pesa sobre él medida cautelar de reclusión conocida públicamente.

Hasta este mes de julio de 2026, una vez vencido el plazo de investigación complementaria, no existe pronunciamiento público de la Fiscalía ni del Poder Judicial del Estado sobre el cierre de la investigación, la formulación de acusación o el inicio de etapa intermedia en las dos causas penales del exfuncionario, por lo que los procesos continúan sin sentencia y “Chito” García mantiene su presunción de inocencia mientras los expedientes avanzan en tribunales.

Su caso forma parte del rosario de procesos derivados de más de un centenar de denuncias presentadas por la administración de Américo Villarreal Anaya, la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado contra exfuncionarios cabecistas, investigaciones que en conjunto suman un presunto quebranto al erario tamaulipeco superior a los 2 mil millones de pesos.

De acreditarse plenamente los delitos que le imputa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en el escenario de mayor sanción previsto por el Código Penal de Tamaulipas, Carlos Alberto García González podría enfrentar una pena que, en conjunto, alcanzaría hasta 30 años de prisión, además de multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La sanción definitiva dependerá de los hechos que logren acreditarse durante el juicio, de la clasificación jurídica que determine el juez y de las reglas aplicables para la individualización y, en su caso, la acumulación de las penas.