Una nueva polémica política estalló en redes sociales luego de que comenzara a circular una publicación del comunicador Elias Zarate, en la que se afirma que integrantes de la familia Yunes y personas cercanas estarían enfrentando presiones derivadas de presuntas investigaciones en Estados Unidos.

En la publicación, acompañada por una imagen donde aparecen Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, se asegura que algunos de ellos habrían sufrido la cancelación de visas estadounidenses, además de estar presuntamente bajo observación de autoridades norteamericanas.

El mensaje difundido sostiene que, cuando una persona entra bajo investigación en Estados Unidos, podrían ser inmovilizados bienes, cuentas bancarias y activos financieros mientras se determina el origen legal de los recursos. También hace referencia a supuestas indagatorias relacionadas con el caso Chihuahua y menciona que agencias de inteligencia estadounidenses tendrían información sensible sobre distintos actores políticos.

Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno de Estados Unidos ha emitido una postura oficial confirmando dichas afirmaciones, ni existen documentos públicos presentados por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro o alguna corte federal que acrediten formalmente las acusaciones difundidas en redes sociales.

Sin embargo, el tema volvió a colocar en el centro del debate político a la familia Yunes, una de las más influyentes en Veracruz durante las últimas décadas y constantemente señalada por adversarios políticos por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, acusaciones que ellos han rechazado reiteradamente.

La difusión de este tipo de publicaciones ocurre además en medio de un ambiente político cada vez más polarizado rumbo a los próximos procesos electorales, donde las campañas negras, filtraciones y acusaciones en redes sociales se han convertido en una herramienta recurrente de confrontación.

Analistas advierten que, aunque Estados Unidos sí ha aplicado restricciones migratorias y sanciones financieras contra políticos latinoamericanos vinculados con corrupción o nexos criminales, cualquier señalamiento requiere pruebas oficiales y procedimientos legales formales para poder ser considerado como un hecho confirmado.