La salvadoreña Deisy Rivera Ortega, esposa del sargento primero del Ejército de Estados Unidos José Serrano, fue liberada por agentes de inmigración luego de permanecer cerca de un mes detenida en un centro federal en El Paso, Texas, caso que desató críticas de defensores de familias militares y presión política en Washington.

Rivera Ortega había sido arrestada el pasado 14 de abril durante una cita oficial con autoridades migratorias, precisamente cuando buscaba avanzar en su trámite para obtener residencia permanente mediante el programa conocido como “Parole in Place”, diseñado para proteger de deportaciones a familiares inmediatos de militares estadounidenses.

Su esposo, José Serrano, destacado en Fort Bliss y veterano con tres despliegues en Afganistán, denunció públicamente que la detención de su esposa estaba destruyendo emocionalmente a su familia. El militar declaró a CBS News que llegó a perder la esperanza antes de recibir la llamada donde le notificaron que ella sería liberada.

La liberación ocurrió después de la intervención directa de la senadora demócrata y veterana de guerra Tammy Duckworth, quien confirmó que habló personalmente con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para pedir la excarcelación de Rivera Ortega.

Aunque la mujer ya salió del centro de detención, el Departamento de Seguridad Nacional informó que continuará bajo vigilancia migratoria estricta, incluyendo brazalete o rastreo GPS, visitas obligatorias a su domicilio y presentaciones periódicas ante oficinas del ICE mientras sigue su proceso migratorio.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Rivera Ortega ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y que desde diciembre de 2019 pesaba sobre ella una orden final de deportación emitida por un juez migratorio. Sin embargo, contaba con permiso de trabajo vigente e identificación oficial como esposa de militar.

El caso ha generado controversia porque el gobierno eliminó recientemente una política implementada en 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar como un “factor mitigante” para evitar acciones migratorias. La nueva postura federal señala que “el servicio militar por sí solo no exime a extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias”.

Organizaciones defensoras de militares han advertido que detener a esposas o familiares de soldados activos afecta incluso la seguridad nacional, debido a que distrae emocionalmente a los elementos desplegados o en funciones militares.

CBS News reveló además que Rivera Ortega habría sido notificada dentro del centro de detención que podría ser deportada incluso a un tercer país, como México, debido a protecciones legales internacionales que impiden retornarla a El Salvador.

El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que más de 100 familiares inmediatos de veteranos o militares han sido colocados en procesos de deportación bajo la actual agenda de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.