El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, desató una ofensiva política al calificar como una “comedia de errores” la decisión de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de devolver o reasignar nueve camionetas blindadas, adquiridas para su uso oficial, una determinación tomada en días recientes, desde la sede del máximo tribunal, bajo presión pública y en medio del debate sobre austeridad.

Durante una transmisión en vivo difundida en redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado cuestionó la forma en que la Corte resolvió el tema, al señalar que la definición debió darse antes de concretar la compra, ya que revertirla exhibe improvisación y genera un impacto directo en los recursos públicos, en un contexto político marcado por el discurso de contención del gasto.

El legislador defendió que ministras y ministros requieren esquemas de seguridad acordes con la naturaleza de los asuntos que resuelven, al tratarse de decisiones de alto impacto nacional, y comparó su protección con la que reciben otros funcionarios federales de primer nivel, al considerar legítimo el uso de vehículos blindados por razones institucionales.

Fernández Noroña advirtió que la devolución de las unidades implicaría una pérdida económica inmediata, al explicar que los vehículos se devalúan al salir de la agencia, mientras la Suprema Corte informó que las camionetas dejarán de utilizarse y que se iniciará el procedimiento para su devolución o reasignación, tras las críticas públicas y luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitara información al Poder Judicial sobre la adquisición.

El acta del Comité de Adquisiciones de la SCJN detalla que las nueve camionetas tuvieron un costo total de 25 millones 650 mil pesos, con un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, IVA incluido, cifras que hoy colocan al máximo tribunal en el centro de un choque político donde austeridad, seguridad y narrativa pública avanzan en direcciones opuestas.