Como Alcalde Mario Alberto López Hernández, La Borrega y su esposa Marsella Huerta de López, como titular del DIF Matamoros, fueron altamente beneficiados, cuando los diputados locales en su mayoría panistas, aprobaron rápidamente las cuentas públicas del ejercicio 2021 de municipios y organismos operadores del agua durante el sexenio del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Francisco Noriega Orozco, Auditor Superior del Estado (ASE), reabrió el 90% de las cuentas públicas de 2021, donde también aparece Flavio Hinojosa Alvárez, como rector de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), protegido de los panistas matamorenses Carlos Chito García González y su esposa Ivett Bermea Vázquez, ambos perdedores como candidatos a la alcaldía de Matamoros.

En esa “ayudita” para Cabeza de Vaca, también fue para el empanizado Jesús de la Garza Díaz del Guante, Chuchín, justamente cuando era director de la Administración Portuaria Integral, siendo relevado por el también panista Guillermo Lash de la Fuente, para protegerlo.

Así, el Congreso de Tamaulipas reabrió 41 de 44 cuentas públicas heredadas por Cabeza de Vaca y comenzó a saltar pus por todos lados y se alistan las denuncias penales y solo falta que abran el paquete de José Alberto Beto Granados, por el saqueo comprobable que hizo La Borrega de Matamoros.

La Diputación Permanente también instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a preparar denuncias penales y administrativas, contra los exfuncionarios involucrados en las irregularidades detectadas.

De acuerdo con los dictámenes de la ASE, de 44 cuentas revisadas, solo tres fueron aprobadas: el Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Miguel Alemán.

Las cuentas a las que les detectaron anomalías corresponden a organismos estatales, municipales y descentralizados como:

Cobat, Conalep, Comisión Estatal del Agua, Comisión de Parques y Biodiversidad, Instituto del Deporte, Instituto de las Mujeres, ITAVU, ITIFE, ITCA, ITACE y el Instituto Tecnológico del Mante.

En la lista también figuran universidades públicas como:

Universidad Politécnica de Altamira, la Universidad Tecnológica de Matamoros, que era el Rector Flavio Hinojosa Alvarez, donde hasta guardaron infinidad de despensas para repartir entre los panistas.

También aparece la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, además del Fondo de Fomento a la Microindustria, la Administración Portuaria Integral (API) de Tamaulipas, con Chuchín la Garza al frente, sí, el expresidente de matamoros, que se ganó el mote de Ratuchín, así como la Promotora del Desarrollo de Tamaulipas y Energía y Alianza S.A. de C.V.

También aparecen las Comapas (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) de Aldama, Llera, Ocampo y Tula, así como las Comapas de Abasolo, Aldama, Gómez Farías, González, Ocampo, San Fernando, Xicoténcatl y la Junta de Aguas y Drenaje Matamoros, cuando la dirigía Guillermo Lash de la Fuente, con domicilio en Brownsville, Texas.

También aparecen como saqueadores las administraciones de los DIF municipales de Reynosa, Ciudad Victoria, el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y Matamoros, que dirigía en ese 2001 Marsella Huerta, esposa de La Borrega.

Durante la sesión de los diputados, Yuriria Iturbe Vázquez, de Morena, propuso a la ASE a profundizar las revisiones y proceder con las denuncias penales correspondientes.

Argumentó que las auditorías revelaron omisiones al artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Tamaulipas, lo que incluso motivó denuncias de la anterior legislatura:

“Es indispensable garantizar que la fiscalización de los recursos públicos se haga conforme a lo establecido en la ley. La omisión en la revisión del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera por parte de los entes fiscalizados representa un riesgo para la rendición de cuentas y la transparencia”.

En contraste, el diputado panista Gerardo Peña Flores adelantó que su bancada votará en contra de los dictámenes, al considerar que la revisión es extemporánea, pues las 44 cuentas ya fueron aprobadas en 2022, o sea que “lo caído, caído”.