“Se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta el 31 de julio de 2020, para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, incluidas aquellas que deberán presentarlas por primera vez…”.

Pero ni siquiera el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, ni el mismo presidente de la República han cumplido con dicha obligación.