Al rendir su último informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar aseguró que, durante sus cuatro años a la cabeza de la dependencia, se desarticularon múltiples redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura, así como también señaló que se sancionó a 33 servidores públicos, entre los que destacan 10 magistrados de circuito, dos juezas y cinco jueces de distrito, así como secretarios, actuarios y oficiales administrativos:

“La política de cero impunidad y la imposición firme de sanciones, han generado un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los cotos de ilegalidad. En cuatro años se consolidó un Poder Judicial muy diferente, que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla”, sentenció Arturo Zaldívar.

Tan sólo al cierre de este año, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha impuesto sanciones económicas por 16.4 millones de pesos a servidores públicos y judicalizó tres carpetas de investigación en contra de un juez de distrito, un jefe de departamento y un chofer de la institución.

De acuerdo con estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al término del año suman 229 sanciones contra servidores públicos, de las cuales 87 fueron apercibimientos privados, 76 amonestaciones públicas, 8 inhabilitaciones, 32 suspensiones, una sanción económica y 4 destituciones.